Este proyecto tiene por objeto establecer la estructura orgánica del Instituto Gallego de Consumo como organismo autónomo de carácter administrativo adscrito organicamente a la consellería que tiene las competencias en materia de consumo.
La Ley 6/2003, del 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, establece en el capítulo III del título II lo que se entiende por precios privados. En el artículo 50 del referido texto se establece que "Son precios privados las contraprestaciones que obtengan los sujetos a los que se refiere el artículo 3 de esta ley por la prestación de...
Por el contrato de crédito al consumo un/a prestamista concede o se compromete a conceder a un/a consumidor/a un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación.
Los establecimientos comerciales quedan, por razones de seguridad, dispensados de la obligación de exhibir al público el precio de aquellos productos de joyería y platería expuestos en escaparates visibles desde el exterior del establecimiento cuyo valor unitario supere los seiscientos euros.
La presente Directiva tiene por objeto armonizar determinados aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de contratos de crédito al consumo.
El objeto del presente real decreto es adoptar medidas para reforzar las previsiones contenidas en el Reglamento (CEE) n.º 339/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, relativo a los controles de conformidad de productos importados de terceros países respecto a las normas aplicables en materia de seguridad de los productos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos...
El Sistema Arbitral de Consumo es el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre las personas consumidoras o usuarias y las empresas o profesionales en relación a los derechos legales o contractualmente reconocidos al consumidor o a la consumidora.
Este Real Decreto legislativo cumple con la previsión de la mejora de la protección de las personas consumidoras y usuarias, que habilita al Gobierno para que proceda a refundir en un único texto la Ley 26/1984, del 19 de julio, General para la Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias y las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en la materia de protección de las...
La defensa de las personas consumidoras configurara en el artículo 51 de nuestra Constitución como un principio rector de la política social y económica, que los poder públicos deben garantizar. A este propósito responde esta Ley, en la que se introducen determinadas modificaciones en nuestra legislación sobre esta materia para incorporar una serie de mejoras en la protección de las personas...
La presente Directiva tiene por objeto proteger a las personas comerciantes contra la publicidad engañosa y sus consecuencias injustas y establecer las condiciones en las que estará permitida la publicidad comparativa.