El 23 de diciembre de 2015 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que declara nulas por abusivas distintas cláusulas incluidas en los contratos bancarios celebrados con consumidores. Con posterioridad, el 16 de julio de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se pronunció sobre las cláusulas relativas a los gastos de formalización de las hipotecas y recientemente de nuevo el Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de enero de 2021.

Entre las cláusulas que se declaran nulas se encuentran aquéllas que imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral o los de gestoría.

En concreto, el Tribunal declara en su sentencia que “en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía real),  tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho. Y quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo, constituye la garantía real y adquiere la posibilidad de ejecución especial”.

En consecuencia, el tribunal declara abusiva la cláusula porque no permite una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, y hace recaer su totalidad sobre el hipotecante, lo que conlleva que se ocasione al consumidor un desequilibrio relevante.

Con posterioridad se establece una regulación por parte del Estado aclarando qué gastos debe asumir las entidades bancarias y cuales el consumidor. Esta legislación es para hipotecas posteriores al 10 de noviembre de 2018.

EL Tribunal de Justicia de la Unión Europea da un paso más y se pronuncia sobre la Comisión de Apertura y las Costas Judiciales.

Según el Tribunal europeo respecto a las Costas judiciales le corresponderían a la entidades financiera siempre que se le de la razón al consumidor y en cuanto a la Comisión de Apertura Puede ser considerada abusiva si no es suficientemente transparente o no está debidamente justificada. Ahora el Tribunal Supremo vuelve a posicionarse sobre este asunto indicando, respecto a los gastos de tasación, que corresponden a la entidad bancaria.

¿Cómo tengo que hacer para reclamar?

Debe seguir los siguientes pasos, de carácter gratuito:

1.- Presente un escrito de reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad bancaria. La entidad dispone de un plazo de un mes para contestar.

2.-Si transcurrido dicho plazo la entidad no contesta o la contestación no es satisfactoria, se debe presentar una reclamación al Banco de España, bien por vía telemática o por escrito en modelo oficial, en el Registro General del Banco de España, en cualquiera de sus sucursales o remitir por correo postal al Departamento de Conducta de Mercados y Reclamaciones. El Banco de España  dispone de un plazo de 4 meses para dictar resolución.

3.- Una vez que el Banco de España se pronuncie de forma favorable al consumidor, este podrá requerir a la entidad su cumplimiento. La entidad deberá dar cumplimiento a la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, podrá reclamar su cumplimiento ante el Instituto Gallego de Consumo

En cualquier caso, el afectado siempre podrá interponer la oportuna demanda judicial.

A continuación se incluyen unos enlaces de interés entre los que se encuentra un modelo de reclamación ante el servicio de atención al cliente de la entidad financiera y cuadro resumen de asunción de los gastos.